La denuncia señala que se han dado actos de presión para evitar que los empleados se agrupen y reclamen lo que les corresponde por ley, violando su derecho constitucional a la manifestación pacífica.
El caso que más polémica ha generado es el de Fátima Montserrat Paquini Hernández, quien presuntamente habría ejercido funciones legales utilizando documentación profesional irregular.