Asimismo, la Iniciativa prohíbe expresamente prácticas como la violencia física o psicológica, el aislamiento forzado, la privación ilegal de la libertad y cualquier tratamiento sin consentimiento, salvo en los casos previstos por la ley, estableciendo además mecanismos de supervisión, inspección y sanción a cargo de la autoridad sanitaria estatal, con el objetivo de erradicar prácticas irregulares y garantizar tratamientos efectivos basados en evidencia científica.